El reciente anuncio del gobierno de Javier Milei de prohibir los tratamientos hormonales en niños y adolescentes es una medida valiente y necesaria para garantizar el bienestar físico y mental de la juventud. Esta postura, lejos de ser una restricción opresiva, responde a un sentido común basado en la ciencia y el cuidado de la salud a largo plazo.

La madurez psicológica y la toma de decisiones

Los menores de edad, por definición, no han alcanzado la madurez necesaria para tomar decisiones trascendentales sobre su salud que puedan tener repercusiones irreversibles. Durante la adolescencia, el cerebro sigue desarrollándose y no alcanza su plena madurez hasta los 25 años. Esto implica que los jóvenes no están completamente capacitados para comprender las consecuencias a largo plazo de decisiones tan profundas como cambiar de sexo a través de tratamientos hormonales.

Las personas en la transición de género atraviesan un proceso complejo que involucra no solo una reconfiguración física, sino también una transformación emocional y psicológica. A una edad temprana, es común que los menores se encuentren en una fase de exploración de su identidad de género, influenciados por una multiplicidad de factores como la presión social, los avances tecnológicos en el área de las redes sociales, y las narrativas modernas sobre la fluidez de género. Por lo tanto, es crucial ofrecer tiempo para que los jóvenes puedan explorar su identidad de manera informada y madura, sin apresurarse a decisiones permanentes que podrían lamentar más tarde.

Los riesgos para la salud física

Los tratamientos hormonales, como la testosterona o el estrógeno, son potentes y pueden tener efectos secundarios graves, especialmente en un cuerpo en desarrollo. Alterar el equilibrio hormonal natural de un menor puede tener efectos irreversibles en su salud, como la esterilidad, la alteración de la densidad ósea, problemas cardiovasculares, y riesgos para la salud mental. Estos efectos secundarios no siempre se pueden prever con precisión y, en algunos casos, los tratamientos hormonales no logran producir los resultados esperados, lo que puede llevar a una frustración y un sufrimiento aún mayor.

En este sentido, el gobierno de Javier Milei está tomando una postura responsable al velar por la protección de los niños ante tratamientos cuya eficacia y seguridad, en el contexto de menores de edad, siguen siendo objeto de debate entre expertos. No se trata de un acto de discriminación, sino de una política basada en la prudencia médica y científica.

El derecho de los padres y la responsabilidad estatal

Otro aspecto clave que justifica esta medida es la responsabilidad que tiene el Estado en proteger a los menores de decisiones que puedan ser perjudiciales a largo plazo. Los padres, como los principales responsables del bienestar de sus hijos, deben ser quienes tomen decisiones sobre su salud. En muchos casos, los padres pueden no estar completamente informados sobre los efectos adversos de los tratamientos hormonales o pueden ser influenciados por presiones externas o por un sistema de salud que, en ocasiones, promueve estos tratamientos sin considerar todas las implicancias a largo plazo.

En un país democrático, es fundamental que el gobierno actúe en favor de los más vulnerables, en este caso, los menores de edad. A través de la prohibición de tratamientos hormonales, el gobierno está enviando un mensaje claro de que la protección de la salud de los jóvenes debe prevalecer sobre ideologías transitorias que puedan estar influenciadas por corrientes de pensamiento más radicales o por la presión de ciertos lobbies.

El impacto de las políticas públicas y la prevención

Una de las grandes virtudes de la administración de Milei es su enfoque preventivo en temas de salud. En lugar de esperar que los niños y adolescentes se enfrenten a consecuencias irreversibles por decisiones apresuradas, el gobierno está tomando medidas para asegurarse de que la transición de género, en los casos que sea necesaria, se realice de manera informada y con la madurez que se requiere.

Esta medida no implica una negación de la identidad de género de las personas transgénero ni mucho menos una condena social hacia quienes optan por la transición. En lugar de ello, se trata de una defensa activa de los derechos de los menores a crecer y madurar sin ser presionados a tomar decisiones sobre su cuerpo y su futuro a una edad en que aún no están en capacidad de comprender por completo las implicancias de esas decisiones.

Conclusión

Prohibir los tratamientos hormonales en menores de edad no es una postura que ataque a los derechos de una minoría, sino una manifestación de responsabilidad y prudencia. El gobierno de Javier Milei está haciendo lo que está a su alcance para proteger la salud física, emocional y psicológica de los más jóvenes, dando un paso firme en la defensa de su bienestar a largo plazo. No se trata de negar la identidad de las personas transgénero, sino de garantizar que las decisiones trascendentales sobre el cuerpo y la identidad sean tomadas por adultos informados y con una comprensión plena de las consecuencias.

Esta medida debe ser entendida como una promesa de proteger a las generaciones futuras de decisiones prematuras que podrían dañarlas irreparablemente. En un mundo donde la presión social y mediática sobre los jóvenes nunca ha sido tan grande, es esencial que el Estado se erija como el protector de los derechos fundamentales de los menores, brindándoles la oportunidad de desarrollarse de manera sana y madura, sin presiones externas que puedan comprometer su futuro.